Según la Contraloría General de la República, los funcionarios y empresas señaladas en la investigación, deberán responder por un proceso fiscal cuya investigación inició en noviembre del 2019 buscando posibles responsabilidades en un detrimento que sería superior a los 4 billones de pesos.

De acuerdo a la investigación, por lo menos 1,1 billones de pesos se han generado como pérdidas en el proyecto por la demora de la hidroeléctrica en entrar en operación, pues debía estar funcionando y generando energía en septiembre de 2018 como estaba contemplado en el plan de ejecución.

Los 2,9 billones de pesos restantes de detrimento, según el órgano de control, tienen que ver con la destrucción de bienes del proyecto y pago de mayores valores que no estaban justificados.

Para la contraloría, la aceleración que se le dio a la megaobra para que entrara en funcionamiento antes de lo presupuestado y cumpliera con los cronogramas, o sea la construcción del tercer túnel de desviación del río Cauca en la Galería Auxiliar de Desviación y que posteriormente terminó generando el colapsó el 28 de abril del 2018, sería el principal detonante del detrimento.

Recordemos que ese colapso de la Galería, generó, según la investigación,  una contingencia que puso en riesgo la estabilidad de la obra, lo que se tradujo en pérdidas económicas para el proyecto por más de 800 mil millones de pesos.

En el informe de la contraloría también se detalla que la decisión de desviar el caudal del río Cauca por la Casa de Máquinas en medio de la ocasionó daños en la infraestructura y en los equipos, Además del impacto ambiental y social. El órgano de control indica que esa decisión implicó realizar inversiones no justificadas

En la indagación, la Contraloría también evidencia que desde 2008 el proyecto venía presentando rezagos en la contratación, estudios y diseños. Y desde que se aprobó el inicio de la contratación el 29 de septiembre de 2010 hasta que se firmó el acta de inicio anticipado de obras el 11 de agosto del 2011, pasó casi un año. En ese contrato se le entregó al consorcio CCCI la responsabilidad de ejecutar las obras la presa, mientras que a CTIFS se le encargó terminar las obras subterráneas.

Tras 11 meses de investigación, en el caso de CCCI, sus obras iniciaron en octubre del 2012 y debían estar listas en diciembre del 2018. Sin embargo, debido a la modificación que sufrió el proyecto no solo se cambiaron los cronogramas, sino que además se generaron sobrecostos en la mega obra.

Tomado de: www.telemedellin.tv