En la Troncal de la Paz, que une a Caucasia con Zaragoza, se desprende un ramal (lado izquierdo) que va hacia El Bagre. El trayecto fue pavimentado 5 km por Mineros S.A. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Las grandes empresas, tanto de Antioquia como del país, tienen dos opciones para el pago de impuestos: cancelar el 100 % de los tributos a la Dian (División de Impuestos y Aduanas Nacionales) o con un porcentaje de los mismos construir obras de beneficio e impacto para las comunidades de los territorios de más bajos recursos, tal como lo contempla la Ley 1819 de 2016.

Para el caso de Antioquia, la Gobernación impulsa este mecanismo de inversión, lo que le puede garantizar el retorno directo de los tributos a la región y financiar, así, algunas de las obras para las localidades, las cuales están en proceso de estructuración.

El modelo permite que las empresas puedan invertir 50 % de su impuesto de renta en la ejecución de estos proyectos, lo que posibilita su articulación con el sector público y ayudar, así, a combatir la pobreza, generar infraestructura en salud, educación, servicios públicos de acueducto y alcantarillado y desarrollo vial.

La propuesta venía del gobierno anterior, pero a la misma no se le dio la relevancia deseada, conceptúa Leandro Pestana, asesor de Regalías y Fuentes de Financiación de la Gobernación, que aspira a que la propuesta sea acogida por muchas empresas con asiento en el departamento.

A principio de este mes, se realizó un seminario para socializar los pormenores de este mecanismo de inversión. Se espera que para el segundo semestre de este 2020, el sector privado responda positivamente a esta propuesta y al finalizar el periodo del actual mandato de Aníbal Gaviria, muchas comunidades estén disfrutando de obras concretas para su desarrollo.

Articulación

“Las empresas no necesariamente tienen que tener asiento en las regiones a beneficiar con proyectos, pero muchas por su arraigo optan por hacerlo en las zonas donde operan”, explicó Pestana.

Un caso de arraigo ya se dio de manera concreta con la construcción de la vía El Escarralao-El Bagre, de la cual se pavimentaron 5 kilómetros y el proyecto lo asumió la empresa Mineros S.A., que lleva décadas asentada en el Bajo Cauca (ver Paréntesis).

Las empresas que se acojan a este mecanismo, obviamente, deben ser grandes tributadoras. Deben tener un patrimonio que ronde los $1.600 millones o más y pueden proponer ellas mismas los proyectos a ejecutar o financiar algunos que les proponga la Gobernación.

Otro requisito indispensable es que los municipios beneficiados deben pertenecer al Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que en Antioquia son 24 (ver mapa); o al Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), que suelen reunir también condiciones de pobreza y necesidades insatisfechas. En este caso son 55 e incluye algunos que también hacen parte del Pdet.

El Pdet es un programa de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) que pretende una transformación integral subregional en el ámbito rural proyectada a diez años. Las Zomac son espacios creados por decreto presidencial 1650 de 2017 y su fin específico es que las empresas asentadas en las localidades incluidas reciban beneficios tributarios por desarrollar allí su actividad económica. En Antioquia ya hay 80.

Los proyectos, además de estar enmarcados en uno de estos dos programas, deben recibir aprobación de la ART, el Ministerio relacionado con la obra a ejecutar y el apoyo de la Gobernación.

“Pero esto no implica mucha burocracia, pues el Pdet y el Zomac son solo programas; la ART y los ministerios observan es la viabilidad de las iniciativas, si hay necesidad de ajustes, y cuando estás listas, las empresas proceden a ejecutarlas con sus modelos de construcción y contratación”.

Pequeñas grandes obras

La meta de la Gobernación es que en el cuatrienio se logren inversiones por $150 mil millones mediante este mecanismo. Más que el número de ejecuciones, importa que se beneficien las comunidades. Son proyectos de montos variados, incluso de hasta de $10.000 millones.

Según el Consejero para la Estabilización y Consolidación de los Territorios, Emilio Archila, los Pdet “son el resultado del compromiso del Gobierno Nacional con la política de paz con legalidad (…); con la construcción de casetas comunales, puentes colgantes, parques, cerramientos de escuelas y mejoramiento de vías y estamos mejorando las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas por la pobreza, la violencia, cultivos ilícitos y la ausencia estatal”.

La Asamblea de Antioquia, aunque avala estos proyectos, pide a la Gobernación tener los sentidos muy alerta para evitar que se haga politiquería o que se beneficien de ellos quienes no deberían.

“La crítica que hemos hecho desde el anterior gobierno es que muchos personajes de las regiones se beneficiaron de algunas obras, como vías de placa huella que favorecieron predios, pero el principio del programa lo valoro, porque ayuda a las comunidades más pobres y los recursos llegan directo a los territorios”, opinó el diputado Camilo Calle.

En Antioquia, además de El Bagre y Zaragoza, también se han ejecutado mejoramientos de vías terciarias en Ituango y Briceño, y se ha adelanado la construcción de casetas comunales, aulas escolares y placas polideportivas .

Información tomada de: www.elcolombiano.com

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